MADRID- Es una llamada rutinaria a su ex pareja. Nadie responde. Un primer escalofrío comienza a recorrerles por todo el cuerpo. La llamada a la guardería confirma sus miedos: hace días que el pequeño no aparece. Están paralizados. Sus vidas quedan destrozadas. Incluso llegan a arruinarse. Y si vuelven a estar con los niños –con suerte–, las heridas son difíciles de cicatrizar. La sustracción de menores es un drama en imparable ascenso. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Justicia: en 2007, España solicitó a 40 países la devolución de 70 menores; en 2008, 95; en 2009, 97; y en 2010, por primera vez, se supera el centenar de casos, hasta llegar a los 136. Un dato significativo: en 1998 apenas hubo 18. Hablamos de matrimonios mixtos, residentes en nuestro país, que, tras atravesar por una separación problemática, utilizan el arma arrojadiza más frágil: los niños. El cónyuge extranjero huye con el pequeño a su país. Pero, ¿qué ha originado este espectacular aumento? Adolfo Alonso, abogado de familia y presidente de la Fundación Child Care, ONG que presta ayuda legal a los padres y madres afectados, cree que «la crisis ha podido provocar también la imposibilidad de mantenerse en España y, por tanto, que haya padres y madres que regresan a su país».
Alemania lidera los casos
Según el Ministerio, los casos se concentran en Alemania (12), Ecuador (11), Reino Unido (10), Rumania (9) y Argentina (9). Child Care señala un nueva tendencia: si bien antes el sustractor solía ser el padre, «las madres se han puesto ahora al mismo nivel».
Comienza así un calvario para el otro cónyuge. La Justicia está de su parte, pero se adentra en un laberinto burocrático del que tardan de dos a siete años en salir. O incluso nunca: Child Care cifra en un 64% los menores no recuperados. En ese sentido, Pilar Gil tuvo suerte. Esta catalana relata la odisea por la que atravesó para poder recuperar a su nieta Olga. «Sólo» tardó dos años. En 2007, su hijo Jesús y una joven uruguaya, pareja de hecho, tuvieron una niña. «Al principio, ella era encantadora. Nos decía: ‘‘Ojalá mi familia fuera como la vuestra’’», comenta Pilar. Sin embargo, cambió. Jesús y la joven se separaron. Ambos acordaron que la niña viviría con la madre. Primera señal: durante los trámites de separación, la mujer no accedió a firmar el convenio que la impedía irse con la niña a su país de origen. Cuatro meses después, en noviembre de 2008, desapareció. «Han visto a las dos en el aeropuerto. Mamá, Olga ha desaparecido», dijo Jesús.
Es el mismo drama que ahora padece José Antonio Martínez. Su drama comenzó en 2006, cuando este valenciano se divorció de su mujer, de origen ecuatoriano. Durante el juicio, José Antonio solicitó al juez que no dejara salir a su hija de España, ya que se temía que su mujer pudiera llevársela sin su consentimiento. El magistrado rechazó su petición. En agosto de ese año, la madre se fugó con la niña.
En junio de 2008 la madre volvió a España, pero sin la menor, que pisó suelo español en diciembre. Para impedir que se repitiesen los hechos, José Antonio volvió a los juzgados. Pidió la custodia de la niña y que ésta no pudiese salir de España. En esta ocasión, el juez accedió a sus deseos, requisándole el pasaporte a la menor.
En 2009, José Antonio pudo ver a su niña en contadas ocasiones. La madre «se encargó de poner todo tipo de trabas e impedimentos –entre las cuales hay falsas denuncias de maltrato– para que no pudiese verla», afirma. Pese a todo, nada pudo impedir una nueva sustracción. La madre pidió un duplicado del pasaporte de la niña, que se le concedió sin problemas, y en febrero de 2010 se volvió a marchar a Ecuador. Desde noviembre, el caso está en manos de la Interpol, que trata de averiguar el paradero de la madre.
¿Están estos padres indefensos? En teoría, no. El Convenio de La Haya de 1980 reconoce la ejecución de sentencias extranjeras en países miembros, lo que obliga al traslado del menor. Pero, aunque den la razón a los padres, la recuperación «no se produce de manera inmediata», como recuerda Alonso: «Lo que fallan son los tribunales, que generan un laberinto judicial en los países del destino del menor».
Así lo vivió Pilar, que echó sobre sus espaldas la búsqueda de su nieta. Le costó, pero un juez español abrió una investigación. Pasó el tiempo y en mayo de 2009, seis meses después de la desaparición, tramitó el Convenio de la Haya. Ya en octubre, viajó a Uruguay por primera vez –se desplazó tres veces–, donde contactó con las autoridades. Incluso pudo visitar a Olga. «Allí me enteré de que se celebró un juicio, cuya sentencia ordenaba su regreso a España». Sin embargo, la madre apeló. De nuevo, los tribunales uruguayos le dieron la razón a Pilar. Pero, por cruel que parezca, no ocurrió así con la Justicia española. «En enero de 2010, en un juicio de medidas provisionales, la jueza otorgó la custodia a la madre». Y vuelta a empezar. «Los jueces no saben aplicar la ley ni el derecho internacional. De nada valen los convenios si en los juzgados no se combate el problema», dice Pilar. José Antonio también recurrió a este convenio en 2006, cuando se produjo la primera desaparición, hasta que su hija volvió dos años más tarde.
«Perdimos nuestros ahorros»
Estas familias se dejan la salud. No sólo hablamos de depresión. «A los pocos meses me operaron. Este problema me destrozó el sistema digestivo. Es horrible, te haces viejo de repente». Y el dinero se esfuma. «Son miles de euros. Perdimos los ahorros de nuestra vida», añade. Viajes, hoteles, abogados e incluso detectives son gastos ineludibles.
Y, durante ese tiempo, los niños cambian. «En un porcentaje importante, se produce una supresión de la otra figura paterna o materna para que la rechacen», dice Alonso. Éso notó José Antonio. Con frecuencia, su hija «ponía excusas para no ir» con él. Por ello, el juez solicitó un informe psicológico de la niña, que explicaba que la madre «está provocando una forma de maltrato emocional de consecuencias muy graves sobre la menor».
José Antonio continúa esperando. No así Pilar y Jesús, cuya lucha judicial logró traer a Olga a España. «¡Es mi papá, es mi papá!», dijo la niña a unos amiguitos cuando su padre fue a buscarla a Uruguay. Pilar no lo duda: «Éso lo compensa todo».
Carrascosa, en busca de la condicional
El «caso Carrascosa» evidencia la complejidad del problema. Esta abogada lleva cuatro años y medio en prisión. Tras separarse de su marido, originario de EE UU, la Justicia española le concedió la custodia de su hija, mientras que la americana se la dio al padre. Carrascosa se fugó en 2005 a España con la niña sin el consentimiento de su ex pareja. En un viaje a Nueva Jersey, fue detenida y encarcelada tras negarse a devolver la menor a su padre. En este último año le denegaron la libertad condicional. La familia reconoció a LA RAZÓN que quiere presionar al Gobierno español para que actúe y, así, los tribunales de EE UU le concedan a María José Carrascosa la condicional.
Interior trabaja en un sistema de alertas
El Ministerio del Interior confirmó a este diario que trabaja en un nuevo sistema para actuar con efectividad y rapidez en las desapariciones. Este Sistema de Alerta por Desapariciones de Alto Riesgo (Sadar), inspirado en el modelo estadounidense Amber, lleva fraguándose desde hace dos años, pero aún no se ha puesto en marcha. Se basa en la difusión masiva de las imágenes de los desaparecidos a través de los medios de comunicación y en potenciar llamamientos a la colaboración ciudadana. El proyecto pondría atención en la desaparición de menores y en los casos en los que se tema por la vida del desaparecido.
